La realidad que mata los discursos

armado

El 26 de septiembre de 2014, Victor Andrés Rueda es ASESINADO para robarle un celular, que luego fue vendido por $100. Los imputados, un menor de 16 años que en éste momento está bajo la tutela de un tío, y un recluso de la Unidad Penal 3 que gozaba de salidas sociolaborales. Ante esto su madre, Andrea Ferreyra, a quien acompañamos en su reclamo, se vió obligada a transitar una especie de laberinto del terror en busca de Justicia.

Enfrentarnos a la muerte de un hijo, es enfrentar la peor de las tragedias. Dicen, no sin razón, que un padre o una madre jamás se recupera de un golpe semejante. Sin embargo la dimensión de la misma no la conocemos hasta que la vivimos. Si esa muerte se produce de manera violenta, por causas evitables jamás atendidas por quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, el dolor es mayor aun.

Seguramente se preguntará a qué nos referimos, pues bien, a una de las tantas problemáticas planteadas por ASEC, tanto en asamblea con sus responsables como en el Consejo de Seguridad.
LA DROGA Y LOS MENORES DELINCUENTES o ASESINOS. Si bien cada uno de éstos temas tiene un tratamiento individual, con sus respectivas leyes pero sin grandes resultados; cuando los unimos, y en vista de los últimos acontecimientos -Brian R. de 16 años mató en 10 meses a dos personas-, merecen nuestra mayor atención.

El caso de Andrea Ferreyra es lamentablemente, el botón de muestra de todos los costados oscuros, tanto en políticas públicas para combatir la marginalidad y la droga -cada vez más unidas una a la otra- como de respuestas a nivel Judicial.
La ley del Menor y la familia funciona -supuestamente- como un “escudo protector” de la Justicia, a fin de cuentas, son menores y los Pactos Internacionales así lo exigen. Pero la realidad es que no protegen a nadie. Tener a un adicto que le arrebató la vida a una persona, encerrado durante sólo 90 días para luego devolverlo al mismo «seno familiar» de dónde salió no es proteger ni mucho menos solucionar. Y hablamos de «seno familiar» de manera generosa, cuando a veces éste ni siquiera existe, o si existe es altamente probable que sea muy vulnerable, realidad de la que ningún juez, por comodidad mental, parece querer darse cuenta.

Un show de muy mal gusto se monta para que la comunidad vea y crea que éstos caballeros trabajan por su bien. Pero lo que en realidad sucede es muy distinto. El Estado no se ocupa de la verdadera rehabilitación del menor ni de mejorar la vulnerabilidad de su entorno; y la Justicia, no solo NO imputa a ningún funcionario por eso sino que lo abandona, a él, a las víctimas que claman Justicia y a nosotros como sociedad, ya que los hechos se repiten porque no hay un seguimiento a conciencia de cada caso.

Hablemos también de las víctimas. Víctima es tanto el inocente asesinado a sangre fría como sus destrozados familiares. Y así, otro costado negro surge al adentrarnos en éstos casos. Como si la tragedia no fuese suficiente, en medio de tanto dolor y confusión, los familiares de la Víctima transitan por cada rincón del Sistema Judicial sin ningún tipo de contención. Para el VICTIMARIO, el Sistema acciona todos los mecanismos necesarios que respeten sus derechos y garantías, sean o no menores. Para la VÍCTIMA y/o sus familiares, lo estamos averiguando, ya que no existe tanto marketing al respecto. En el caso de Andrea, varias veces tuvo descompensaciones y crisis, no olvidemos que está embarazada y tiene cuatro hijas que perdieron a su hermano; su única solución fue tomar un remis para ir al Hospital, a veces pidiendo dinero prestado.

Por último, y no menos macabro en lo que al desamparo de las víctimas se refiere, surge la necesidad de una condena. El Ministerio Público Fiscal, a través del representante de turno o sea, UN FISCAL, es el encargado de impulsar la investigación de manera eficaz y así lograr la reparación que la víctima y/o sus familiares reclaman, llamada CONDENA. Cosa que muy rara vez sucede.
Por supuesto que los familiares de las víctimas -o las mismas víctimas, si es que sobreviven- pueden presentarse como querellantes a través de un abogado particular; en ese caso y por lo que pudimos averiguar, es necesario tener primero $70.000 para sentarse a conversar con el profesional en cuestión. De ninguna manera nos parece mal, al contrario, entendemos que la formación, experiencia, habilidad, etc deben valorarse.

Solo nos preguntamos ingenuamente, ¿acaso el Estado no prevee para quienes no cuentan con ese dinero un profesional para que la familia pueda constituirse como querellante? También, y a raíz de que uno de los imputados en éste caso está representado por un profesional privado, ¿de dónde sacan los delincuentes semejante cantidad de dinero para defenderse?
¿Por qué razón, tal como el Estado persigue a contribuyentes sospechados de evasión fiscal, a través de sus Entes de Recaudación, no investiga el origen lícito de los fondos en éstos casos? Es un pequeño paso, pero más que demostrativo de las intenciones, que podría darse para mostrar real voluntad de combatir éste flagelo.
¿No es ésta una muestra más de protección judicial para con los delincuentes?
¿No cabe que el Estado, ya que no pudo cumplir la premisa de dar seguridad a sus habitantes, provea incluso GRATIS a la víctima los servicios profesionales de un abogado?

Surge de lo anterior, la ridícula situación de que los familiares de un inocente asesinado, no solo pagan con su destrozo emocional (y con una vida perdida) el precio la ineficiencia del Estado en protegerlos, sino que además, TIENEN QUE SEGUIR PAGANDO LOS COSTOS para que se haga Justicia, para evitar que un fiscal cajonee el caso, para lograr que el caso llegue a un Juez, y para lograr que ese Juez dicte una condena apropiada.
Y de paso, nos preguntamos…..

SEÑOR JUEZ: DEFENDERÍA CON TANTA CONVICCIÓN EL SISTEMA AL QUE PERTENECE SI EL MUERTO FUESE SU HIJO/A?
SEÑOR FISCAL: PERMITIRÍA A SUS COLEGAS, COMO TANTAS VECES UD. HACE, CAJONEAR LA CAUSA SI SU HIJO/A FUESE ASESINADO?
SEÑOR FUNCIONARIO POLÍTICO: MIRARÍA PARA OTRO LADO, COMO AHORA HACE, SI FUESE SU HIJO/A EL QUE ESTÉ EN EL CEMENTERIO?

Preguntas retóricas dirigidas a funcionarios con sueldos exhorbitantes, que no pagan impuesto a las ganancias como los demás argentinos, y que tienen custodia pagada con nuestros impuestos.
Señores funcionarios, escuchen el clamor de la gente, o aunque sea por su propia conciencia: no hagan de la Política y la Justicia un gigantesco paraguas protector de delincuentes y asesinos.